
Denuncian grave deterioro del Río Santa Lucía y exigen medidas urgentes al gobierno
Altavoz
La Asamblea Por el Agua del Río Santa Lucía difundió este 18 de febrero una declaración pública en la que advierte que el Río Santa Lucía se encuentra en “estado crítico” y denuncia la ausencia de acciones e información confiable por parte de los organismos responsables.
En el comunicado, la organización señala que la degradación de la calidad del agua “se viene agravando desde hace muchos años”, pero que en las últimas semanas la preocupación aumentó por dos situaciones concretas: el agua distribuida en el área metropolitana “con color, olor y sabor”, y la detección de niveles elevados de coliformes en distintas playas del río, con registros que alcanzan hasta un 400% por encima del máximo permitido.
Desde el colectivo se cuestiona directamente a organismos como OSE, URSEA, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública, a los que acusa de no brindar explicaciones “sensatas” ni investigar en profundidad las causas del deterioro. En el caso del Ministerio de Salud Pública, el texto habla de una “ausencia grotesca” frente a un problema que afecta directamente a la salud de la población.
También se cuestiona la actuación de la Intendencia de Canelones, señalando que su intervención se limita a informar cuando una playa supera los límites permitidos, sin un abordaje integral del problema ni una evaluación completa de los riesgos sanitarios.
En cuanto a las causas, el documento apunta a múltiples factores: vertidos de aguas servidas, industrias que descargan residuos en la red de saneamiento, represamientos ilegales, areneras y tala de monte nativo. Además, sostiene que el modelo productivo en la cuenca ha tenido un fuerte impacto ambiental. Cita un informe de la Universidad de la República de 2013 que concluye que el 80% de los aportes de fósforo provendrían de actividades agrícolas. Entre 1990 y 2019, agregan, se perdió un 30% del campo natural en la cuenca.
Además, subrayan que el río abastece de agua al 60% de la población del país y que, al no tratarse de una cuenca compartida internacionalmente, “no se puede aceptar que haya llegado a esta situación sin tomar medidas eficaces”.
Finalmente, el colectivo exige que se analicen y publiquen las causas del deterioro, que se informe con responsabilidad a la ciudadanía y que se adopten medidas urgentes “sin más especulaciones”. También reclama que el Poder Ejecutivo reciba a las organizaciones territoriales y considere las propuestas elaboradas desde la sociedad civil y la academia.
La declaración cierra con un llamado a abordar el problema de manera integral, entendiendo que “el río no es solo el agua que circula por sus cauces, sino también los territorios fluviales donde todas las actividades de la cuenca lo afectan”.
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