Altavoz
Según los análisis realizados junto a la Facultad de Ciencias y la Facultad de Química de la Universidad de la República, en todos los puntos estudiados se detectaron concentraciones de fósforo biodisponible muy por encima de los valores permitidos por la normativa nacional, que establece un máximo de 0,025 mg/l. En el río Santa Lucía, los niveles llegan a ser nueve veces superiores, mientras que en el arroyo Durán alcanzan cifras extremas: hasta 150 veces más de lo autorizado.
“El fósforo es una de las principales consecuencias de los usos del suelo en la cuenca, vinculados a la ganadería intensiva, la agricultura y el uso de fertilizantes y agrotóxicos”, explicó Álvaro Briano, integrante de la Asamblea por el Agua, en entrevista con altavoz.uy. Este exceso de nutrientes favorece la eutrofización y la proliferación de cianobacterias, un fenómeno cada vez más frecuente en el río.
El monitoreo también reveló impactos locales severos en arroyos y cañadas, como baja disponibilidad de oxígeno disuelto y contaminación fecal, factores que afectan directamente la biodiversidad acuática.
Briano señaló que la situación responde a un problema multicausal y estructural, agravado por la falta de fiscalización efectiva y por una mirada fragmentada de la cuenca. “El río no es solo el agua que corre por el cauce; todo lo que lo rodea forma parte de un sistema. El monte nativo en las riberas actúa como filtro, retiene agua y amortigua inundaciones, pero muchas veces es eliminado para ganar terreno productivo”, advirtió.
A esto se suma un sistema de saneamiento obsoleto en zonas urbanas como Santa Lucía, donde, ante lluvias frecuentes, las válvulas de descarga liberan efluentes directamente al río, incluso en áreas recreativas muy concurridas durante el verano. “Es un problema de salud pública que no está suficientemente visibilizado”, afirmó.
Desde la Asamblea por el Agua reclaman un plan estratégico integral que aborde la cuenca como una unidad, más allá de las fronteras departamentales, y que priorice la preservación de un bien común limitado. “La crisis hídrica de 2023 derrumbó la idea de que el agua potable es infinita. Hoy tenemos evidencia científica y experiencia territorial suficiente para saber que, si no se actúa, el riesgo es cada vez mayor”, concluyó Briano.
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